
Más de dos docenas de grupos religiosos, entre ellos la Iglesia Menonita, la Iglesia Episcopal, la Unión para el Judaísmo Reformista y la Asociación Unitaria Universalista, han presentado una demanda contra la política de la administración Trump que permite a los agentes de inmigración realizar arrestos en “lugares sensibles”, como los lugares de culto.
Los grupos argumentan que esta política viola sus libertades religiosas bajo la Primera Enmienda y la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa al infundir miedo en las congregaciones, reducir la asistencia y obstaculizar su capacidad de atender a los inmigrantes independientemente de su estatus migratorio.
La demanda enfatiza que acoger a los inmigrantes es un principio fundamental de su fe y que la aplicación de las leyes de inmigración durante el culto o las actividades religiosas altera sus prácticas espirituales. Los demandantes buscan una orden judicial permanente para prohibir la aplicación de las leyes de inmigración en los lugares de culto sin una orden judicial o circunstancias apremiantes.
Esta es la segunda demanda de este tipo; anteriormente, grupos cuáqueros presentaron un caso similar. La administración Trump aún no ha respondido, pero anteriormente argumentó que la aplicación de las leyes en lugares sensibles no es nueva y que las reclamaciones de los demandantes sobre los daños son especulativas.